Contagiados de un inmenso entusiasmo, 1.500 delegados y delegadas de los más variados sectores sociales y políticos, representativos de todo el territorio nacional, nos hemos reunido en Bogotá durante los días 18, 19 y 20 de noviembre en la II Asamblea Nacional por la Paz bajo el lema “Territorios con energía, construyendo paz para la nación”.


A lo largo de 9 meses compartimos esfuerzos y dificultades para hacer realidad este proceso nacional; hoy contamos con muchos sectores y organizaciones sociales dispuestos a continuar en la lucha por la paz con justicia social.

En medio de un espíritu unitario y plural, nos hemos encontrado para afirmar nuestro compromiso por la paz y la democratización de la sociedad, y acordar tareas y mecanismos para la construcción de la paz.

Colombia se ha llenado de esperanza con este proceso, que sin duda beneficiará a todo el pueblo colombiano. El proceso de La Habana entre el gobierno y las FARC cumple ya tres años y a pesar de las dificultades ha permitido importantes acuerdos. Esperamos que la etapa de exploración entre el ELN y el gobierno culmine para dar paso a la fase pública de negociación; esperamos que el gobierno vincule también al EPL a las conversaciones; la paz debe tener un carácter integral.

Un pacto de paz sin transformaciones políticas que democraticen la sociedad y sin cambios en el modelo socio-económico del país hará inviable el tránsito hacia el bienestar y la convivencia que Colombia requiere. Hay que seguir madurando las posibilidades de un proceso constituyente para los cambios que necesita Colombia. Medidas como el alza en las tarifas de energía y la anunciada reforma tributaria, lo único que harán es agravar aún más la ya menguada economía familiar.

Llamamos al gobierno a respetar el carácter bilateral de los acuerdos en la Mesa de La Habana. Medidas unilaterales como el marco para la paz, el plebiscito y otras, lo único que hacen es introducir escollos que dificultan y prolongan la negociación.

La II Asamblea llama al gobierno a respetar los acuerdos de las Mesas de diálogo con las insurgencias, a suspender las operaciones militares contra los campamentos insurgentes en tregua unilateral, a dar el paso de una tregua bilateral inmediata y emprender el desmantelamiento del paramilitarismo.

Se requiere una nueva política petrolera y minero-energética (NPPE) en un escenario de una Colombia del siglo XXI, que incluya una politica ambiental, un programa de defensa de los recursos y respectivas empresas estatales y una política sobre las regalías y la misma renta; por eso la II Asamblea por la paz acoge la propuesta de la USO de un proyecto de Ley orgánica de hidrocarburos, que además tenga en cuenta el propósito de las comunidades relacionado con la calidad de vida que estos proyectos deben garantizar en las zonas de impacto de la industria, la preservación de los ecosistemas y que los recursos sirvan para establecer las bases de la construcción de la paz en Colombia.

La Asamblea llama al gobierno a parar los planes de privatización de Isagen y Ecopetrol; parar la fragmentación de Ecopetrol, y hacer que todas las reversiones pasen a manos de la empresa, igualmente importante es parar la expedición de licencias ambientales en zonas de recursos hídricos. Llamamos a Ecopetrol a parar los despidos de trabajadores y reintegrar a quienes hasta hoy han sido despedidos.

La Asamblea orienta la creación de una MESA SOCIAL MINERO-ENERGÉTICA POR LA PAZ que desarrolle los puntos reivindicativos a conseguir de manera inmediata, pero con propuestas de cambios de legislación política minero-energética de largo plazo. Trascender de un escenario de diálogo y reflexión a un escenario de incidencia significativa en la agenda pública del sector minero energético, requiere de la articulación entre plataformas de la sociedad civil que compartan la apuesta por un sector minero energético incluyente, comprometido con el desarrollo humano integral, la equidad, la preservación socio-ambiental y la paz de Colombia.

El atentado al líder indígena Feliciano Valencia, el asesinato del líder campesino y ambientalista Daniel Abril y la aleve agresión de la fuerza pública el día de ayer contra el campesinado de Argelia Cauca, que ha dejado una persona muerta y cinco heridas, nos obliga a llamar al gobierno para la desmilitarización de las regiones y reconocer el derecho de los pobladores a decidir sobre su territorio y el desarrollo de proyectos comunitarios en el marco de la normalización en la nueva etapa una vez se firmen unos acuerdos de paz. El país está reclamando la libertad de 9.500 presos políticos. Los colombianos no pagamos impuestos para que se destinen a financiar una fuerza pública que dispare contra su propio pueblo.

La construcción de paz requiere la adopción de garantías de no repetición desde el Estado colombiano que implica el reconocimiento de la protesta social como derecho a la participación ciudadana, la identificación de las demandas que les motivan; y la habilitación de canales que den respuesta de fondo a las reclamaciones sociales y populares; el disenso y el conflicto deben dejar de ser valorados como sinónimos de guerra, y entenderse como consustanciales a los procesos democráticos y de formación de ciudadanía.

Es preciso adoptar mecanismos de control y sanción de acciones de violencia y represión de la protesta y el uso abusivo de la fuerza policial, que implica la prohibición estricta de armas de fuego en manifestaciones sociales y la garantía de justicia para las víctimas de agresiones por parte de la Fuerza Pública, lo cual incluye la investigación y juzgamiento por parte de la jurisdicción ordinaria de manera pronta, efectiva y eficaz.

Llamamos el Gobierno y al Congreso de la República a revertir la legislación que limita o criminaliza el ejercicio de la protesta. entre otras, la Ley de seguridad ciudadana.

La asamblea hace un llamado a los medios de comunicación, a los periodistas y editores a que la información y las diferencias no se tramiten con instrumentos mediáticos de violencia. Les invitamos a titular en el sentido de la paz que necesita Colombia.

La paz es un reto nacional y exige de una mayor articulación de las diversas iniciativas que vienen aportando su contingente para el propósito de la solución politica del conflicto armado, por tal motivo proponemos darle un carácter permanente a los equipos de trabajo que organizaron las Asambleas regionales preparatorias, para garantizar la realización de las conclusiones que hoy estamos acogiendo y aportar a la convocatoria para el primer trimestre de 2016 de una Cumbre de iniciativas de paz en la idea de unificar agendas y simplificar espacios para hacer más efectiva nuestra acción por la paz. El sindicalismo no puede ser indiferente frente al destino del país. Llamamos a los trabajadores y a la clase obrera en su conjunto a asumir iniciativas en favor de la paz y a una mayor unidad y coordinación con la Cumbre Agraria.

Llamamos a realizar una gran movilización nacional para defender el proceso de paz y por el cumplimiento de los acuerdos, bajo el lema: “Colombia quiere la paz, con democracia y justicia social” para el 9 de abril de 2016, que convoque a todas las expresiones organizadas o no de la sociedad comprometidas con la paz.

Salimos de esta segunda Asamblea Nacional por la Paz con el compromiso de convertirnos en activistas de 24 horas en la construcción de la paz, para que el pueblo colombiano se erija como un gran protagonista de las transformaciones democráticas para un nuevo país.

Bogota, noviembre 20 de 2015